El expresidente José Jerí, a través del Ministerio de Energía y Minas, promovió reuniones con autoridades y dirigentes de Nueva Morococha junto a la empresa Minera Chinalco Perú S.A. sin incluir a no reasentados.
El objetivo de estas reuniones fue establecer acuerdos que darían forma a un Convenio Marco entre la Municipalidad Distrital de Morococha, sectores de la sociedad civil y la empresa minera, pero dejando de lado a familias desalojadas.
En septiembre de 2025, la empresa ejecutó el desalojo forzoso de las últimas familias la Antigua Morococha con apoyo de la Policía y amparada en una orden judicial, sin establecer un diálogo efectivo sobre condiciones de reasentamiento digno.
La exclusión también alcanzó a la Asociación de Expropietarios de Morococha, organización que no fue convocada a los espacios oficiales pese a representar a personas afectadas por la expansión minera y las decisiones sobre el futuro del distrito.
Durante las reuniones se discutieron compromisos económicos, ambientales y de salud, aunque según el Estudio de Impacto Ambiental de 2009 se evidencian altos niveles de arsénico y plomo en la Nueva Morococha.
Las dudas sobre la legitimidad del proceso se evidenciaron en la audiencia informativa del 16 de febrero organizada por la municipalidad, donde pobladores cuestionaron que los acuerdos no reflejan las demandas históricas ni los compromisos asumidos previamente.
Mientras las familias desalojadas continúan reclamando justicia y reparación, reportes periodísticos alertaron de reuniones de representantes de la empresa Chinalco y altos funcionarios, evidenciando la cercanía del Gobierno a la empresa china.
En medio de la crisis política nacional, las familias esperan que el actual presidente José María Balcázar garantice un proceso transparente que incorpore a todos los afectados y asegure justicia, reparación integral y respeto a los derechos humanos en Morococha.