El Gobierno Regional de Junín y sus direcciones regionales no aplican medidas correctivas a los informes de control de la Contraloría que alerta una serie de irregularidades en la ejecución de obras, licitaciones y contrata de personal, durante el 2023.
El gerente regional de la Contraloría Junín, Eli Walter Puente Astuhuaman, dijo que en el Gobierno Regional de Junín, la Dirección Regional de Salud (Diresa), la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) y la Dirección Regional Transporte y Comunicaciones (DRTC) no corrigen las situaciones adversas alertadas en los diferentes informes lo que provoca que continúen cometiendo errores en la administración pública.
Según la exposición que realizó la Contraloría en la sesión ordinaria del Consejo Regional de Junín, de las 17 recomendaciones realizadas al GRJ solo 2 están en proceso, los 15 restantes pendientes, entre los que se encuentran obras en el sector de educación y salud, como las alertas en la universidad Juan Santos Atahualpa, en el colegio Mariscal Castilla, y en el mejoramiento del centro de salud La Libertad.
Salud
En el caso de la Diresa, de las 21 recomendaciones 19 están pendientes, es decir, solo en 2 tomaron acciones correctivas. Entre los informes emitidos está los cargos de confianza en el Hospital Regional de Medicina Tropical “Julio César Demarini”, procesos administrativos de profesionales del Iren Centro, requisitos mínimos y encargaturas en la Red de Salud de Chupaca, entre otras presuntas irregularidades.
Educación
En la DREJ se registra 38 recomendaciones de las cuales solo 19 están pendientes e involucra casos de bonificaciones por desempeño docente, incremento de remuneraciones en la dirección regional de educación, Ugel Concepción y Tarma, además de irregularidades en la contratación de personal y adquisición de material, entre otras.
Ante estos hechos, Eli Puente, señaló que durante el 2023 se registró un total de 1033 situaciones adversas en toda la región, de las cuales 366 personas registran responsabilidad administrativa, 79 responsabilidad civil, 122 responsabilidad con procedimiento administrativo sancionador y 458 responsabilidad penal.
“Las autoridades deben adoptar acciones correctivas, pero no lo hacen ni el gobierno regional ni en sus direcciones, no puede pasar desapercibido, todo ello causa perjuicio a la entidad”, precisó el contralor regional.
