La Cuarta Fiscalía Superior Penal de Junín abrió investigación preliminar en contra del juez Jesús Santana Socualaya por el presunto delito de prevaricato al ordenar el desalojo de las últimas familias que vivían en la antigua ciudad de Morococha (La Oroya).
Según la apertura de investigación, el juez Santana Socualaya habría ordenado el desalojo contraviniendo al artículo 49 de la Ley 30680 que declara la zona de riesgo no mitigable exenta de acciones judiciales en el fuero constitucional, civil o cualquier otro.
Es decir, habría dictado medida cautelar a favor de Minera Chinalco Perú, ordenando el desalojo anticipado contra los pobladores de la Antigua Morococha, pese a que no tenía competencia judicial. Las familias gozaban del derecho reasentamiento por estar ubicados en la zona de alto riesgo no mitigable.
En este sentido, los procedimientos no le correspondían al Juzgado, pues dicha competencia estaba siendo ejercida por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la «Mesa de Diálogo para el Reasentamiento Poblacional de Morococha».
Las diligencias durarán 60 días pues comprende el recojo de la declaración testimonial de los denunciantes para conocer los hechos, así como del juez Jesús Santana con la finalidad que realice el descargo correspondiente.
Como parte del proceso también se solicita las copias certificadas de todos los actuados vinculado a la solicitud de medida cautelar genérica fuera del proceso, solicitado por la Empresa Minera Chinalco contra las familias desalojadas.
El 19 de setiembre de este año los últimos habitantes de la Antigua Morococha fueron desalojados de sus viviendas por la resolución emitida por el juez Santana Socualaya, decisión que permitió dar paso a la ampliación del proyecto cuprífero Toromocho a cargo de la Minera Chinalco Perú S.A.
Con información de Servindi.