Una investigación penal enfrenta la regidora de Huancayo, Betzabeth Fiorella Fabián Gonzalez, junto a algunos miembros de su familia, por el presunto delito de lavado de activos en su participación como socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integrar e Integrar Farma Boticas y Perfumería SAC.
El caso se lleva en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, a cargo de Ever Bello Merlo, quien recibió el último 15 de marzo, el pedido de una investigación suplementaria por parte del procurador público especializado en Delito de Lavado de Activos del Ministerio del Interior, Miguel Angel Sánchez Mercado, luego que el 3 de marzo, Mariela Ramos Tupac Yupanqui, fiscal de la Sexta Fiscalía Provincial Penal, solicitara el sobreseimiento del caso.
Junto a la regidora de Junín Renace, están investigados Renzo Manuel Fabián Gonzales, su hermano; y Yolanda Maricela Gonzales Rivera, su madre. También están como imputados Juan Carlos Inca Benites (presidente del Consejo Administrativo), Moner Inca Tucta (consejero), Hernán Reymundo Inca Benites, Nilver Rolando Inca Benites, Ana María Benites Romaní, Jhonatan Benites Huarcaya, Loisa Teresa Puicón Gonzales, Eva Alejandra Espezúa de los Ríos, entre otros.
EL CASO
La Cooperativa de Servicios Múltiples Integrar fue constituida el 19.12.2017 iniciando sus operaciones en enero del 2018 con una sola agencia en la calle Real N° 503 en el distrito de El Tambo, teniendo como gerente a la regidora Betzabeth Fabián Gonzalez. En menos de un año, abrió cinco agencias en La Merced, Chilca, Pampas, El Tambo y la avenida Giráldez de Huancayo.
La regidora de Junín Renace, quien declaró ingresos por 30 mil soles en su hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones, fue gerente de esta empresa desde el 08.03.2018 al 15.10.2021. Antes, en el 2016, fue administradora de la desaparecida Cooperativa de Servicios Múltiples SHEFA, cuyos socios también son investigados por lavado de activos.
Según la denuncia de María Valentina Mayta Vilcahuamán, de acuerdo al reporte financiero Sentinel, los socios tenían deudas bancarias que no les permitían ese tipo de inversión, y en el caso de la regidora Betzabeth Fabián González, incluso realizó varias salidas al país de Panamá y adquirió una camioneta Chevrolet en ese periodo.
Además, según el informe pericial N° 019-2021 de la perita de la Divincri Nelly Ricardina Vila Bejarano, realizado tanto a la cooperativa como a la farmacia, ambas empresas no presentan incremento patrimonial. Al no demostrarse el desbalance patrimonial -dice el pedido de sobreseimiento fiscal- no se podría vincular a los investigados con el crecimiento ilegal de estas empresas.
PROCURADURÍA CRITICA INFORME PERICIAL
La Procuraduría ha refutado de plano el informe pericial. En el caso de la cooperativa, indicaron, no se ha determinado ni si quiera si ésta se encuentra inscrita en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) de la Sociedad de Banca y Seguros, que regula y supervisa este tipo de entidades.
“La perita no explica cómo es que la cooperativa, teniendo un capital de 28,300 soles, según el balance al 31.12.2018, se muestra que en Caja Banco tiene un importe de 303,448 soles, ha prestado a accionistas y personal 10,982 soles, a terceros 187,308 soles, tiene inversiones mobiliarias por 455,952 soles y ha realizado gastos diferidos por 99,508 soles”, dice la Procuraduría.
Además, cuestiona la pericia al señalar que al 31.12.2018, la Cooperativa tuvo ingresos por 284,557 soles, sin embargo, su costo de venta es de 190,486 soles, realizó gastos de ventas por 64,812 soles y efectuó gastos administrativos por 1,104,546 soles, obteniendo una pérdida de 1,088,341 soles, lo que significa que para realizar estos gastos ha recibido fondos dinerarios de “fuente externa”.
Sobre la farmacia, la Procuraduría asegura que la perita no determinó si la empresa cuenta con autorización para operar como establecimiento farmacéutico y que tampoco explica cómo es que, teniendo un ingreso de 3,365 soles, realizó gastos de venta por 6,462.97 soles. “Si la farmacia tuvo un capital no dinerario de 50,000 soles, la perito no explica cómo la empresa tiene por cobrar la suma de 11,655.48 y muestra que posee una planta y equipo por el valor de 21,330.59 soles y tiene inventarios por 38,305.55 soles”, señala en otra parte de su escrito.
NUEVOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
La Procuraduría ha solicitado al juez que se realicen nuevos actos de investigación, como el levantamiento del secreto bancario de las personas investigadas, información de EsSalud y ONP, si fueron aportantes a partidos políticos, si realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, entre otros, y que se realicen pericias contables complementarias a efectos de detectar si existe desbalance patrimonial.
Según la Procuraduría, en la carpeta fiscal, la perita Nelly Vila Bejarano, indicó que no contó con esta documentación correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2017 a mayo del 2019 para realizar su informe, y por eso solicitó pericias complementarias para determinar ingresos y egresos, rentas por categoría, la procedencia de su capital de trabajo, transacciones financieras realizadas y si exisitó increento patrimonial injustificado por cada año.
“No se ha efectuado una investigación con el nivel de exhaustividad que se requiere para el caso de delitos de alta complejidad (lavado de activos), omitiéndose diligencias de suma relevancia para el adecuado esclarecimiento de los hechos investigados”, señala el procurador.
Consultada sobre el pedido de la Procuraduría, la regidora Betzabeth Fabián Gonzalez, señaló que respeta las opiniones que tengan sobre esta investigación los órganos del Estado, pero alegó que “no hay indicios de lavado de activos, y que la cooperativa ahora tiene otra junta directiva”. No obstante, para librarse de la investigación penal, tendrá que esperar la decisión del juez sobre este caso.
