Hay un extraño fenómeno atmosférico que ocurre en el Perú cada vez que un organismo internacional publica un dictamen sobre nuestros asuntos internos, pues de pronto, todo se vuelve más pesado y los matinales de televisión elevan los decibelios y los políticos de todos los colores descubren, milagrosamente, su vocación por la soberanía nacional o por los derechos humanos, dependiendo exclusivamente de a quién mencione el documento.

Esta semana, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria decidió lanzar emitir un pronunciamiento diplomático en medio de nuestro ya pintoresco escenario político de julio de 2026: concluyeron que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria, exigieron su liberación inmediata y, para ponerle la cereza al pastel, sugirieron una indemnización.

En las regiones, algunos han empezado a creer que las puertas del penal se abrirán a primera hora. En la capital, ciertos sectores han empezado a hiperventilar, redactando, seguramente, algunos proyectos de ley imaginarios para desafiliarnos del planeta Tierra si es necesario. Pero si aplicamos un poco de sentido común y revisamos la historia reciente, ambas reacciones pecan de una profunda ingenuidad. ¿Desde cuándo, exactamente, el Estado peruano le hace caso a la ONU, a la Corte Interamericana o a cualquier entidad que no tenga sede a menos de diez cuadras de la Plaza Bolívar?

Para entender la comedia de enredos que estamos presenciando, hay que comprender primero cómo funciona el derecho internacional en la psique institucional peruana. En el Perú, los tratados, mandatos y dictámenes internacionales no son vistos como obligaciones vinculantes. Son tratados, más bien, como esos extensos «Términos y Condiciones» que aparecen cuando uno instala una aplicación en el celular: nadie los lee, todos hacemos clic en «Aceptar» para quedar bien en la foto diplomática, pero a la hora de la verdad, hacemos exactamente lo que nos da la gana.

El caso del expresidente es solo el último episodio de una larga y exitosa temporada de sordera estatal, pues cuando la Corte IDH ordenó no liberar a Alberto Fujimori, el Estado peruano asintió educadamente, redactó un par de oficios llenos de retórica, y procedió a abrir las puertas de todos modos. Cuando las relatorías de la ONU exigen detener el avance de economías ilegales que depredan nuestra selva o advierten sobre leyes que debilitan la lucha contra el crimen, el Congreso suele archivar los informes y se les olvida tal y como las promesas de campaña.

Por eso resulta tan fascinante observar el nivel de histeria actual. La indignación no tiene ningún sentido práctico, ya que el sistema inmunológico del Estado frente a la «injerencia externa» es bipartidista, robusto y está a prueba de balas, en todo sentido.

Lo verdaderamente exquisito de este dictamen de la ONU no es su contenido legal, sino su capacidad para actuar como un espejo que refleja la hipocresía de nuestra clase política. Observemos el comportamiento de los actores, quienes ayer aplaudían a rabiar cuando un tribunal internacional condenaba a un gobierno vecino por autoritario, hoy se envuelven en la bandera nacional y exigen que la ONU deje de meter sus narices comunistas en nuestra soberana jurisdicción. Y, por el otro lado de la moneda, quienes durante años han calificado a estas instituciones de ser instrumentos del imperialismo o clubes de burócratas inservibles, hoy abrazan el PDF de la ONU como si fueran las Tablas de la Ley bajadas del Monte Sinaí.

Es la justicia internacional a la carta, en donde la ONU es un faro de la verdad incontestable cuando falla a favor de mi candidato, pero se convierte automáticamente en una ONG de dudosa reputación cuando el dictamen beneficia a mi adversario.

¿Qué va a pasar entonces con el documento de Ginebra? Absolutamente nada. No se requiere ser un erudito en razonamiento verbal ni un analista político avanzado para predecir los próximos pasos.

El Ejecutivo o el Ministerio de Justicia emitirán un comunicado diplomático, impecablemente redactado, lleno de subordinadas y eufemismos, diciendo que el Perú es «respetuoso de los derechos humanos» pero que el sistema judicial peruano es «autónomo e independiente». En buen romance: «Gracias por su opinión, la pondremos en la trituradora de papel más cercana».

Pedro Castillo seguirá en prisión preventiva, enfrentando sus juicios, porque la maquinaria judicial peruana opera bajo sus propias leyes de la gravedad, las portadas de los diarios tendrán tema para una semana, los opinólogos facturarán sus honorarios en los programas dominicales debatiendo sobre el debido proceso, y el ciudadano de a pie, desde Huancayo hasta Tumbes, seguirá madrugando al día siguiente para enfrentar una economía estancada y una inseguridad galopante, problemas para los cuales la ONU, lamentablemente, no emite resoluciones mágicas.

Al final del día, el dictamen sobre la detención arbitraria no cambiará el estatus legal de nadie. Solo quedará como un brillante recordatorio de que, en el Perú, la única política de Estado que ha sobrevivido al paso de los años, a los cambios de gobierno y a la fragmentación política, es nuestra envidiable y sosegada capacidad para dejar a la comunidad internacional en «visto».