De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2025, la corrupción impacta la vida del 87 % de la ciudadanía y el Congreso es percibido como la institución más corrupta (85 %).

Este escenario ha provocado un cambio drástico en las expectativas sociales: la ciudadanía ha relegado soluciones a largo plazo como la educación en valores —cuya prioridad cayó del 49 % al 31 %— para exigir ahora «medidas de castigo inmediatas», como el incremento de penas.

La situación es crítica en la Macrorregión Centro, que incluye a Junín, donde el 99 % de los encuestados considera que las economías ilícitas se han convertido en la única alternativa de trabajo, y el 45 % admite haber tenido contacto con sobornos.

Al respecto, el informe señala que la ineficiencia del Estado funciona como un catalizador para la corrupción a pequeña escala, impulsada por la creencia de que «si no pagas, las cosas no funcionan».

En la Macrorregión Oriente, que abarca a Loreto, expone una grave crisis social: el 17 % de su población reporta haber sido víctima de corrupción sexual, un delito en el que los funcionarios exigen favores de índole sexual a cambio de agilizar trámites.

Paradójicamente, a pesar de estas cifras alarmantes, es la zona donde menos se percibe el daño directo de la corrupción en la vida cotidiana (77 %), lo que sugiere que este tipo de abuso se ha normalizado silenciosamente en la rutina de la selva.