En medio de la creciente controversia por la falta de transparencia por parte del presidente interino José Jerí, se confirmó que representantes de la empresa minera Chinalco mantuvieron reuniones con el mandatario en Palacio de Gobierno. El encuentro se produce en un momento crítico para la compañía, que enfrenta serios cuestionamientos por sanciones ambientales y conflictos sociales en la región Junín.
De acuerdo con los registros oficiales del Portal de Consultas de Visitas difundidas por el medio digital Territorio Tomado, la presencia de ciudadanos vinculados a la empresa Chinalco del proyecto Toromocho forma parte del grupo asiáticos visitador hacia la sede del Ejecutivo. Hasta la fecha, se han contabilizado al menos 42 visitas de ciudadanos y empresarios asiáticos a Palacio, incluyendo encuentros con figuras como Guilin Qiang, representante de la minera Chinalco, quien recientemente permaneció más de dos horas en las instalaciones gubernamentales.
La visita de Chinalco a Palacio no ha pasado desapercibida debido al historial reciente de la minera. Hasta julio de 2025, la empresa acumulaba un total de 52 sanciones impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), con multas que superan las 1,709 UIT.
Sin olvidar su brutalidad por desalojar a 5 familias en Junin. En septiembre del año pasado, una orden judicial a favor de Chinalco resultó en el desalojo forzoso de familias en la comunidad de Morococha. Los afectados, que actualmente viven en condiciones precarias, han señalado que, pese a buscar un diálogo para el respeto de sus derechos fundamentales, la empresa y el Gobierno han priorizado la ejecución del proyecto sin atender plenamente sus demandas.
Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento que explique los motivos de la reunión con el representante de Chinalco, ni los acuerdos o temas tratados. Esta falta de información oficial ha intensificado las críticas de diversos sectores, quienes exigen que las reuniones con empresas que mantienen deudas ambientales y conflictos sociales activos sean de conocimiento público para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos naturales del país.