Varios servidores contratados bajo régimen CAS en gestiones anteriores en los puestos de Supervisión de Instituciones Educativas Privadas, acudieron al Poder Judicial solicitando medidas cautelares para lograr estabilidad laboral, pero la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Junín, declaró fundado el recurso de oposición presentado por la UGEL Huancayo y la Procuraduría del GORE Junín.

Entre los solicitantes se encuentran los integrantes del Programa Presupuestal Supervisión de Instituciones Educativas Privadas, Miguel Ángel Camarena Manyari (coordinador General de Supervisión), Martha Victoria Damián Romero (supervisor pedagógico), Percy Jhony Huamaní Cárdenas (supervisor económico), Brayan Izarra López (supervisor de infraestructura) y Próculo Benavides Contreras (supervisor pedagógico, quien indica que su proceso es contencioso administrativo y no solicitó medida cautelar).

A partir del año 2011, desde la primera gestión de Perú Libre, las autoridades y funcionarios responsables de la supervisión de la Infraestructura, Gestión Pedagógica y Gestión Económica, no emitieron medidas correctivas ni sanciones ejemplares contra instituciones educativas privadas.