El último 4 de febrero, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, dispuso la apertura de una investigación preliminar por un plazo de 120 días contra Silvia Victoria Astete Morales, actual directora de la Dirección Regional de Educación de Junín (DREJ), por no haber cumplido con la anulación de 158 títulos profesionales falsos del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado «José Antonio Encinas» de Huancayo.

La disposición fiscal, a cargo de la magistrada Katy Zarate Araujo, también comprende al exdirector regional Medardo Severo Gómez Miguel, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, así como omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. Según los antecedentes, el Ministerio de Educación (MINEDU) y el Gobierno Regional de Junín (GRJ) ordenaron la nulidad de dichos documentos tras acreditarse pericialmente la falsificación de firmas en los títulos inscritos irregularmente.

De acuerdo con el documento fiscal, la Resolución Gerencial N° 072-2025-GRJ/GRDS otorgó en septiembre de 2025 un plazo de 15 días hábiles para ejecutar la anulación de los títulos en el sistema de registro. No obstante, la Fiscalía señala que Astete Morales, quien asumió el cargo en noviembre de 2025, habría mantenido una «total inactividad» respecto a esta disposición, a pesar de haber sido notificada mediante cartas notariales y el Memorando N° 5692-2025-GRJ/GRDS en diciembre del mismo año.

El Ministerio Público advierte que esta omisión permite que los títulos falsos continúen vigentes y circulando a nivel regional y nacional, lo que facilita que personas con documentación fraudulenta ejerzan la docencia o asuman cargos funcionales sin respaldo legal. La denuncia fue impulsada por el director del instituto afectado, José Vilcapoma Chambergo.

Como parte de las diligencias programadas, la Fiscalía ha citado a declarar a los investigados y al denunciante, además de solicitar a la DREJ y a la Gerencia Regional de Desarrollo Social el envío de los expedientes administrativos completos. Asimismo, se ha requerido información detallada sobre los funcionarios responsables de la tramitación de estos documentos para identificar posibles actos dilatorios o retardos injustificados en la ejecución de la nulidad de los registros.

Como se recuerda, el origen de esta controversia se remonta a 2018, año en que se denunció la falsificación de documentos y firmas en el Instituto Pedagógico. Tras las pericias, la propia institución educativa resolvió anular los 158 títulos en junio de 2023, medida que fue ratificada por el Minedu mediante un informe técnico emitido en julio de 2025.

Sin embargo, pese a que la Gerencia de Desarrollo Social del GRJ formalizó la orden de depuración del sistema de registros en setiembre de 2025, la falta de ejecución de esta disposición ha permitido que personas con títulos irregulares continúen laborando en diversas UGEL de la región, ejerciendo la docencia y ocupando cargos sin el debido respaldo legal.