Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), dijo en entrevista para Canal N que la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la inmediata liberación de Alberto Fujimori representa un «punto de quiebre» entre las relaciones con el Sistema Interamericano y el país.
“Estamos entrando a un terreno y a un ámbito, a un momento en el que el Perú deja de cumplir como corresponde una sentencia y resolución de supervisión de la CIDH (…) Desde el punto de vista convencional el estado peruano, me refiero al Ejecutivo, tendría inclusive, la posibilidad de no ejecutar esa orden emitida por el TC”.
Como se conoció esta tarde, a sólo días de las anunciadas marchas en el centro y sur del Perú, el TC ordenó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo dispongan la inmediata liberación del expresidente golpista Alberto Fujimori, a pesar del rechazo y las recomendaciones dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ya en marzo del 2022, el Estado había recibido la exhortación de la CIDH para abstenerse de ejecutar la excarcelación de Alberto Fujimori para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, bajo todo pronóstico y ante la polémica situación política que atraviesa el país se decidió desacatar estas recomendaciones.
Mediante sus redes sociales, Gisela Ortíz hermana de una de las víctimas del caso La Cantuta, lamentó la decisión del TC: “Como familiares de las víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente. El indulto de 2017 negociado. Inaceptable decisión”.
Por su parte, mediante su cuenta tuiter, la periodista y abogada, Rosa María Palacios cuestionó el fallo del TC. “Si sacan hoy a Fujimori, la próxima semana lo vuelven a meter. Ya pasó. No aprenden. Y esa sí es una crueldad”.
El fallo del TC también llama severamente la atención al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner mas diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de Habeas Corpus.
Los magistrados del TC que votaron a favor de la liberación del expresidente, condenado por violación de derechos humanos, fueron Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse. Helder Domínguez tuvo un voto singular que declaró improcedente el pedido.
Por otro lado, al paralelo de la decisión del TC, Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides reconoció su autoría en los chats en los que se sustentó su detención preliminar ordenada por el juez Chávez Tamariz y se acogió a la colaboración eficaz.
