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Candidatos al GRJ llegan al tramo final con investigaciones fiscales y sentencias

Candidatos al GRJ llegan al tramo final con investigaciones fiscales y sentencias

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El último mes de campaña electoral trae a los candidatos para el Gobierno Regional de Junín (GRJ) en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022, con investigaciones fiscales, penales y civiles, y responsabilidad civil, penal o administrativa por irregularidades cometidas durante su etapa como funcionarios públicos.

Recordemos que los candidatos que continúan en carrera electoral son Marivel Yanina Poma Gianccarini de Somos Perú; Stefany Lizárraga Alania de Renovación Popular; Miriam Valenzuela Uscuvilca de Alianza para el Progreso; Edison Ordoñez Rojas del Partido Morado; Jorge Rodríguez Silva de Bloque Popular; Zósimo Cárdenas Muje de Sierra y Selva Contigo Junín; Arnoldo Mallma Auqui de Junín Renace y Aldrin Zarate Bernuy de Corazón Patriota.

En el caso del candidato Dimas Aliaga de Caminemos Juntos por Junín, su participación se encuentran en apelación después que el Jurado Especial Electoral de Huancayo (JEE-H) lo excluyera por no registrar una sentencia en su hoja de vida. Asimismo, Ángel Unchupaico, quedó fuera de carrera electoral.
INFORMES DE LA CONTRALORÍA
Infoandes.pe analizó los informes de control interno de la Contraloría General de la República (CGR), donde hallamos a candidatos con responsabilidad penal, civil o administrativo en irregularidades cometidas durante su etapa como funcionarios públicos.

Por ejemplo, Zósimo Cárdenas Muje de Sierra y Selva Contigo Junín registra responsabilidad en 6 informes de la Contraloría, de ellos, 4 son de responsabilidad administrativa y penal en la Municipalidad de Pichanaki. Además, también en el Gobierno Regional de Pasco fue hallado con responsabilidad al otorgar la buena pro de la obra de mejoramiento del servicio educativo en el Colegio Nacional Agropecuario Integrado N°53 San Francisco de Asís de Oxapampa.

Otro candidato con antecedentes de control es Edison Ordoñez Rojas del Partido Morado, quien registra 2 responsabilidades administrativas y 2 civiles del 2020 cuando laboraba en la Municipalidad Distrital de Mazamari.
INVESTIGACIONES FISCALES
Entre los candidatos que registran investigaciones fiscales están Zósimo Cárdenas, quien tiene 13 procesos en la región de Pasco por los presuntos delitos de peculado, malversación de fondos y colusión cuando se desempeñó como gerente general, de los cuales, 6 en calidad de imputado y los 7 como investigado. Los casos fueron inciados en el 2019, 2020 y 2021.

También se encuentra en la misma línea esta Dimas Aliaga, quien registra 26 investigaciones por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, contaminación y lesiones culposas, al igual que Ángel Unchupaico que también tiene 39 investigaciones por los presuntos delitos de administración pública durante su gestión en el distrito de El Tambo y cuando asumió la gobernación del GRJ.


SENTENCIAS POR DELITOS
También hallamos a Arnoldo Mallma, quien registra 3 sentencias por demanda alimentaria, esto después que la madre de su hijo, Milagros Mazuelos Madrid señalara que el empresario pretendía reducir la pensión de su hijo de 1,400 soles mensuales a 500 soles argumentado que ganaba 1,740 soles.El Poder Judicial declaró infundados los argumentos del candidato.

El candidato y exalcalde de El Tambo, Aldrín Zarate también cuenta con una sentencia después de que fuera denunciado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de falsedad genérica y usurpación de funciones por favorecer en una designación al abogado Víctor Taipe Bruno, quien fue personal de confianza del exburgomaestre.

Dimas Aliga registra la sentencia N°583-2014 emitida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo, que le ordena el pago de más de 40 mil soles por daños y perjuicios por inejecución en agravio del Estado. Este es el fallo que no fue declarado por el candidato y que causó su exclusión.

Asimismo, Ángel Unchupaico Canchumani también tiene registra una sentencia por delito de difamación, el cual fue consentido en el Juzgado Penal de Huancayo el 15 de noviembre de 2004, con una pena privativa de la libertad suspendida y una reparación civil de 10 mil soles a favor del agraviado, el entonces jefe de la Región Policial Junín, General PNP Adolfo Alfaro Zúñiga.

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