La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmó la sentencia contra el exalcalde de Municipalidad Distrital de Chilca (MDCH) y ahora precandidato por el partido político Podemos Perú, Abraham Carrasco Talavera por el pago irregular de bonificaciones e incrementos salariales a sus exfuncionarios de confianza por lo cual deberá pagar junto a sus exfuncionario una indemnización de más de 90 mil soles a favor de la entidad distrital.
La sentencia N° 170 fue emitida el 17 de marzo por los jueces Alexander Orihuela Abregú, Miriam Cárdenas Villegas e Italo Borda Varga, quienes condenaron a Carrasco y 9 exfuncionarios de confianza, tras la demanda presentada por la Contraloría General de la República. El monto total de la indemnización que deberán pagar los demandados a favor de la MDCH asciende a 90 mil 211 soles.
La sentencia destaca la responsabilidad civil contractual y solidaria de los funcionarios, enfatizando el incumplimiento de sus deberes funcionales al aprobar y ejecutar pagos en contravención a las normas legales vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057). La condena incluye a Roy Tomas Gonzales Mayta, actual gerente regional de Junín y entonces gerente de Planificación y Presupuesto de Chilca.
PAGOS IRREGULARES
En la demanda presentada por la Contraloría se señala que se encontraron pagos irregulares basados en actas de negociación colectiva (2011 y 2012). Se argumenta que estos pagos se realizaron a funcionarios de confianza, quienes, según el artículo 42 de la Constitución Política del Perú, no están comprendidos en los derechos de sindicación y huelga.
Sin embargo, los demandados presentaron recursos de apelación argumentando la falta de notificación válida, como es el caso del exfuncionario (Alexander Aníbal Bonifacio Astuhuaman) que señaló que no se les notificó adecuadamente. La corte desestimó este argumento al comprobar la notificación bajo puerta.
Los exfuncionarios (Mark David Villar Aranda y Vilmer Huarcaya Mescua) argumentaron que los pagos se realizaron de acuerdo con convenios colectivos y normas legales que permitían la negociación bilateral para determinar remuneraciones y que se aplicó el principio pro operario, pero la corte precisó que los funcionarios de confianza no estaban amparados por estos derechos. Se enfatizó en la responsabilidad de los gerentes de Asesoría Jurídica en verificar la legalidad de los pagos.
Ante las evidencias presentadas la Corte confirmó la sentencia de primera instancia, ordenando a los demandados el pago de la indemnización. Se precisó que la responsabilidad de Alexander Aníbal Bonifacio Astuhuamán queda delimitada a los pagos indebidos de 2011 (S/. 62,295.37). La responsabilidad de los otros demandados es solidaria por el monto total de la indemnización.
Entre los funcionarios sentenciados están Abraham Carrasco Talavera (Alcalde), Vilmer Huarcaya Mescua (gerente de Asesoría Jurídica), Mark David Villar Aranda (gerente de Asesoría Jurídica), Roy Tomas Gonzales Mayta (gerente de Planificación y Presupuesto), Jimmy Agustin Tenicela Cortez (gerente (e) de Planificación y Presupuesto), Marleni Maria Aliaga Camarena (gerente de Administración), Alexander Garcia Javier (gerente de Administración), Alexander Anibal Bonifacio Astuhuamán (subgerente de Personal), Patricia Enriqueta Paredes Soldevilla (subgerente de Personal)y Yoni Luis Palacios Lazo (gerente de Desarrollo Económico Local de Turismo).
