UN INFORME DE MEDIAN HUACHO ALLCA
En 20 días se acaba el año 2023 y, desde la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, las salas de Apelaciones emitieron más de 100 resoluciones con sentencias de diferentes delitos, entre ellos, los delitos contra la administración pública.
Entre los casos de delitos contra la administración pública que fueron revisados y evaluados por los magistrados de las salas de Apelaciones, cuatro exautoridades tuvieron sentencia condenatoria confirmada, siendo el más sonado, el caso “Laptops” del exgobernador regional de Huancavelica, Maciste Alejandro Díaz Abad.
EXALCALDE INHABILITADO POR TRES AÑOS
Empezamos el registro con el caso ocurrido en el distrito de Aurahuá (Castrovirreyna), el cual tuvo un resultado condenatorio en Sala de Apelaciones en el mes de enero. El caso del exalcalde de Aurahuá, Martín Reynaldo Norberto Isidro, y su exasesor contable, Isidro Avencio Fajardo Sánchez, llegaron hasta la segunda instancia con una sentencia absolutoria, sin embargo, de la Sala de Apelaciones de Huancavelica terminaron con sentencia condenatoria a pedido de la Fiscalía.
En la segunda instancia los magistrados evaluaron el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y decidieron revocar la sentencia absolutoria, reformulándola y declarando responsables penalmente a las personas antes mencionadas por peculado doloso.
De acuerdo a la sentencia emitida en Sala de Apelaciones el 30 de enero del 2023, ambos fueron sentenciados a 4 años de pena con carácter suspendida, por lo que los sentenciados deberán cumplir reglas de conducta durante dos años si no quieren ir a la cárcel. Asimismo, fueron inhabilitados por tres años y no podrán asumir cargo ni empleo dentro del sector público durante ese tiempo. De la misma forma, debido a que llegaron a justificar la mayor parte del dinero, la reparación civil a pagar es de 4 mil 604.10 soles.
Según la Fiscalía, entre el 2008 y 2010 la Municipalidad Distrital de Aurahuá emitió 23 cheques generando un monto total de 64 mil 051.79 soles. Norberto y Fajardo, aprovechando sus cargos, permitieron que el dinero fuera retirado del banco para apropiarse de 62 mil 1.79 soles.
EMPRESARIO ESTARÁ EN LA CÁRCEL HASTA EL 2030
Tuvieron que pasar varios meses para que, en mayo, la Sala de Apelaciones emitiera otra sentencia condenatoria. En esta ocasión la confirmación de la condena es para el empresario que fue sentenciado en primera instancia junto al exalcalde distrital de Conayca (Huancavelica).
De acuerdo a la resolución de sentencia emitida por la Sala de Apelaciones el 22 de mayo del 2023, el empresario Carlos Henrry Templo Nalvarte se quedará en el penal de Huancavelica hasta el 18 de noviembre del 2030. Los jueces de la Sala de Apelaciones declararon infundada la apelación del empresario y confirmaron la sentencia condenatoria de 8 años de pena efectiva por peculado doloso, la cual se computa desde el 19 de noviembre del 2022.
Cabe señalar que, el empresario fue sentenciado junto al exalcalde distrital de Conayca, Leonardo Cárdenas Zuasnabar. De acuerdo a la acusación fiscal, Templo Nalvarte siendo representante legal del Consorcio Antúnez de Mayolo colaboró con la exautoridad para que, en el 2015, se apropiara de 168 mil 690.78 soles a través de la Carta Nº 15 que acreditaba falsamente el cumplimiento de la valorización Nº 5, la cual tenía partidas no ejecutadas.
8 AÑOS DE CÁRCEL PARA EXALCALDE
Llegando al mes de julio, las salas de Apelaciones emitieron tres sentencias condenatorias, siendo la primera de ellas, la confirmación de sentencia condenatoria del exalcalde provincial de Angaraes, Ramiro Guzmán Ibáñez, quien fue condenado a 8 años de cárcel en primera instancia, por peculado doloso, siendo la reparación civil, 84 mil 694 soles.
De acuerdo a la carpeta fiscal, en el año 2012, valiéndose de sus facultades como máxima autoridad de la provincia, Guzmán Ibáñez formalizó un acuerdo que permitía el desembolso de presupuesto en la modalidad de encargo interno para los gastos por las actividades del 187º Aniversario de la provincia de Angaraes por 185 mil 560 soles, cuando la norma indica que no debía superar las 10 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) que equivale a 36 mil 500 soles.
Del monto generado, el exalcalde llegó a apropiarse 57 mil 697 soles junto a Wilfredo Gutiérrez Altez, exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Angaraes, quien permanece prófugo y sobre quien pesa una recompensa de 20 mil soles por su ubicación y captura.
CONFIRMAN CÁRCEL PARA EXALCALDE Y 7 EXFUNCIONARIOS
La segunda sentencia condenatoria del mes de julio fue para el exalcalde de Pilpichaca (Huaytará), Emilio José Taype, quien pasará seis años en la cárcel. La exautoridad fue sentenciada por colusión agravada. Asimismo, cuatro de sus exfuncionarios fueron sentenciados a 6 años de pena efectiva por el mismo delito y otros tres fueron sentenciados a 4 años de pena suspendida por negociación incompatible.
En este caso, están implicados tres empresarios, uno tiene sentencia de 6 años por colusión, otro tiene condena de 2 años de pena efectiva por uso de documento privado falso, y el tercero tiene tres sentencias condenatorias: seis años por colusión, dos años por uso de documento privado falso y dos años por falsedad genérica, lo que hace un total de 10 años de pena efectiva.
Esto fue apelado a la segunda instancia y, de acuerdo a la resolución del 21 de julio del 2023, los jueces de la Sala de Apelaciones confirmaron la sentencia, y anularon la sentencia absolutoria del empresario que solo tenía condena por uso de documento privado falso y ordenaron la realización de un nuevo juicio oral por colusión.
Según la acusación fiscal, en el 2012, la Municipalidad Distrital de Pilpichaca mandó a licitación la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios educativos en el nivel inicial de 11 comunidades del distrito de Pilpichaca” y, desde el proceso de selección, hasta la ejecución de la obra, el Ministerio Público halló evidencias que comprometían a los sentenciados en delitos contra la administración pública, entre ellos, la presentación de 9 cartas fianza falsas.
A parte de la exautoridad, los otros sentenciados son: Justo Hernández Moreno (colusión agravada), Walter Martín Pérez Carranza (Colusión agravada), Ulises del Castillo Jorge (colusión agravada), Oscar Gabriel Araoz Quispe (colusión agravada), Miguel William Lagos Espinoza (negociación incompatible), Víctor Miguel Navarro (negociación incompatible), Boris Díaz Huamaní (negociación incompatible), Wilmar Santiago Morales Portilla (colusión agravada), Jorge Alfonso Arbaiza Simón (uso de documento privado falso) y Richard Alexander Gonzales Cuba (colusión agravada, uso de documento falso y falsedad genérica).
DOS EXFUNCIONARIOS IRÁN AL PENAL
La tercera sentencia se emitió el mismo 21 de julio, contra exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca, siendo el dato curioso que, debido a su edad, los jueces de la Sala de Apelaciones redujeron los años de condena al exgerente municipal de Pilpichaca, Francisco Roque Huacasi, sin embargo, la cantidad de la pena sigue siendo mayor a los 4 años por lo que también deberá cumplir cárcel por un tiempo.
De acuerdo a la sentencia, el exgerente municipal, junto a Julio Ángel de la Cruz Vivanco (exsubgerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca) y Edelmiro Auris Condeña (representante legal del Consorcio Vial del Sur en el 2018) fueron condenados a 8 años de pena efectiva por peculado doloso agravado. Asimismo, el empresario también fue sentenciado en primera instancia a 2 años de pena efectiva por uso de documento privado falso.
Como era de esperarse, los abogados de los sentenciados apelaron el resultado de primera instancia, no obstante, la condena se mantuvo para los exfuncionarios, pero con algunas variaciones. De acuerdo a la resolución emitida el 21 de julio del 2023, a Roque, por la edad que tiene, le redujeron de 8 a 6 años de pena efectiva, pero para los demás la pena sigue siendo de 8 años. Asimismo, la reparación civil disminuyó de 250 mil soles a 175 mil soles.
CONFIRMAN SENTENCIA CASO “LAPTOPS”
El 4 de setiembre del 2023 se marcó un hito legal, pues, por primera vez, una exautoridad regional es sentenciada con pena efectiva. Maciste Alejandro Díaz Abad, gobernador regional de Huancavelica durante los periodos 2011 – 2014 y 2019 – 2022, fue sentenciado a 4 años de cárcel por colusión simple, siendo la reparación civil de 200 mil soles.
El exgobernador fue sentenciado por el caso “Laptops” junto a cuatro exfuncionarios del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH) y dos empresarios, quienes, según la acusación fiscal, en el 2014, se habrían coludido y permitieron el perjuicio económico para la entidad regional durante la adquisición de 8 mil 994 laptops.
El 30 de enero del 2020, el magistrado del Juzgado Unipersonal Penal de Huancavelica, Carlos Antonio Samaniego Espinoza, sentenció a la exautoridad regional a 4 años de pena efectiva; pero en segunda instancia, los magistrados de la Sala de Apelaciones de Huancavelica deciden anular la sentencia el 9 de abril del 2021.
El caso fue apelado por el fiscal superior anticorrupción de Huancavelica, Luis Jorge Valdivia Grados, quien presentó un recurso de casación a la Corte Suprema, donde tuvieron que pasar más de tres años y medio para que, el caso vuelva a la Corte de Huancavelica para el desarrollo de una nueva audiencia. En audiencia desarrollada por otros jueces superiores de Huancavelica, confirmaron la sentencia condenatoria por colusión simple el 4 de setiembre del 2023.
Ante esto, los abogados de los sentenciados presentaron recurso de casación, por lo que el caso fue elevado una vez más a la Corte Suprema. Asimismo, presentaron ante la Corte de Huancavelica solicitudes de suspensión de la ejecución provisional de la pena, no obstante, los pedidos fueron declarados improcedentes y el 6 de setiembre del 2023, se emitió la resolución para dar cumplimiento a la sentencia confirmada en Sala de Apelaciones e inscribir a los involucrados en la lista de requisitoriados.
César Jorge Altamirano Flores, Aarón Benjamín Caro Espinoza, Ciro Soldevilla Huayllani y Eduardo Félix Candiotti Munarriz, también fueron condenados a 4 años de pena efectiva por colusión; Guido Efraín Quispe Escobar, a 6 años de pena efectiva (4 años por colusión y 2 años por usurpación de funciones); y Carmen Beatriz Gallardo Mulatillo a 4 años por colusión.
Informe elaborado en el marco del Curso de Actualización en Periodismo y Política, organizado por la PUCP, IDEA Internacional y Fundación Mohme.
