La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad logró que dicten 9 meses de prisión preventiva contra Neto Prado Palomino y Jesús Sulca Huamán, ambos implicados en asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez.
Según la investigación del fiscal Pedro Vega Rodríguez, Prado Palomino sería el autor de los disparos que ocasionaron la muerte de Santiago Contoricón ataque perpetrado el 8 de abril; mientras que Sulca Huamán, tendría la condición de autor intelectual del delito al haber ordenado el ataque.

Respecto a Sulca Huamán, el Ministerio Público, señala que sería el líder de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la región, por lo que el asesinato de Contoricón Antúnez se habría dado en respuesta por la importante información que este brindó a la Policía Antidrogas para lograr la incautación de 200 kilos de cocaína en Río Tambo, Satipo.
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También se consiguió la medida de comparecencia restringida y el pago de S/5000 de caución contra Anthony Loayza Canales y Gerson Tello Asto, quienes habrían sido cómplices secundarios del crimen. Según la tesis fiscal el primero habría facilitado la motocicleta desde la que se concretó el atentado, mientras Tello realizaba el reglaje contra el líder indígena.
Como se recuerda el 8 de abril de este año en horas de la noche Santiago Contoricón fue acribillado en su vivienda en el sector de Puerto Ocopa perteneciente al distrito de Río Tambo. El líder quien contribuyó a la lucha del pueblo asháninka por lograr la pacificación nacional durante la época del terrorismo, también combatió el exponencial avance del narcotráfico en sus territorios.
Solo en 2021, el Comité de Autodefensa de Río Tambo, al que también pertenecía Contoricón Antúnez, intervino un cargamento de 900 kilos de cocaína entre el 25 y 30 de octubre en la comunidad nativa de Otica. Esta droga se dirigían hacia Atalaya.
Posterior a la muerte del líder indígena su esposa e hija, así como la esposa de Ulises Rumiche, otro líder asesinado exigieron justicia y máxima sanción para los responsables de los crímenes.