A través del informe N° 28318-2024, la Contraloría alertó que al menos tres exdirectores y funcionarios de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Junín (DRTC-J) registran responsabilidad penal por un perjuicio económico de casi medio millón de soles debido al convenio de sucesión de uso de los circuitos de manejo a favor de la SUBCAFAE durante los años 2023 y 2024, en agravio de la entidad.
De la revisión a la disposición de los circuitos de manejo, se evidenció se dicho convenio fue suscrito el 26 de enero del 2023 por el exdirector de la DRTC, Abelardo Girón Córdova, sin ninguna opinión técnica ni legal, tan solo a 30 minutos de recibir el requerimiento de la SUBCAFAE, utilizando la imagen de “cesión de uso” a pesar que este no era aplicable pues los circuitos de manejo no se encuentran constituidos como predios estatales.
El 19 de julio del 2023, la Contraloría advirtió que dicho convenio se efectuó al margen de la norma, pues este persigue fines de lucro a favor del SUBCAFAE, quien cobraban sin sustento económico y legal a la ciudadanía omitiendo informar los destinos de los ingresos.
RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS
Según la Contraloría, Abelardo Girón, exjefe de Asesoría Legal y extitular de la DRTC-J, tiene responsabilidad penal, pues en su calidad de director (e) de la DRTC 2023 suscribió el convenio el 26 de enero, pese a que un día antes se designó a Elvin Carhuaz como nuevo titular de la entidad. Asimismo, el acto administrativo no contó con el marco legal correspondiente desnaturalizando la figura de cesión de uso y su naturaleza no lucrativa causando un perjuicio de 424 mil 020 soles.
El extitular de la DRTC, Danilo Carhuaz, también tiene responsabilidad penal porque tenía conocimiento de dicho convenio y de las situaciones irregulares hasta en 3 oportunidades, sin embargo, no realizó ninguna acción correctiva.
Rosalinda Taípe también tiene responsabilidad penal tras su participación como firmante y emisora de la aprobación del convenio solicitado por ella misma el 26 de enero del 2023, cuando fue presidenta del SUBCAFAE.
Michael Palacios Ramos, actual titular de la DRTC-J, no ofrece aclaración objetividad en las presuntas irregularidades señaladas al haber suscrito la adenda N°04-2024 la cual no contaba con el marco legal correspondiente, desnaturalizando la figura de sesión de uso y su esencia no lucrativa de los circuitos de manejo.
Asimismo, se advierte que Michael Palacios es miembro activo de la SUBCAFAE durante el 2024, por lo tanto, su conducta funcionaria es cuestionada al revelarse un conflicto de interés ya que el mencionado funcionario participó en la suscripción en el acto administrativo que buscaba el beneficio económico del SUBCAFAE.
Para la contraloría en su calidad de responsable de la Unidad de Recursos Humanos, Julia García, tiene responsabilidad penal por haber visado el convenio que no contaba con asidero legal.
Ante estos hechos la Contraloría solicitó que el titular de la DRTC-J tome las acciones correctivas y solicitó a la Procuraduría Especializada en Delitos de Funcionarios iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores ante los hechos irregulares alertados.
