La Contraloría halló responsabilidad penal en tres servidores de la Dirección Regional de Huancavelica por otorgar conformidad de pago en el mantenimiento del centro de salud de Huachos, en la provincia de Castrovirreyna, pese que la contratista no ejecutó la totalidad de los trabajos estipulados en el contrato valorizado en S/. 149 mil.
Se trata de los servidores Víctor Matamoros Rodrigo, Olga Espinoza Ochoa y Abdon Acero Capcha, quienes otorgaron la conformidad de la ejecución de la obra al Consorcio Salud por trabajos inconclusos y partidas parcialmente ejecutadas de agosto a setiembre del 2023, según el informe de control Nº 027-2024.
Entre los trabajos no ejecutados en el centro de salud de Huachos está la instalación de placa fibrocemento multiplaca, piso de carámica alto tránsito antideslizante, desmontaje de cerámico alto tránsito antideslizante, pintura de enchape de fibrocemento enlos ambientes de obstetricia, sala de espera de gestantes, laboratoria, esterilización, neonatología y otros ambientes. Todo valorizado en S/ 26,255.87.
Y en los trabajos parcialmente ejecutados no se instaló la grifería de baño para lavatorio y lavatorios de losa en los servicios higiénicos, tanto de varones y mujeres, del centro de salud, valorizado en S/ 911.90.
Otra de las irregularidades que identificó la Contraloría es la modificación del expediente técnico mediante acta de mutuo acuerdo suscrito por la jefa del centro de salud de Huachos de aquel entonces, Sandra Bustíos Riveros; representante de la Diresa, Víctor Matamoros; y representantes del Consorcio, que autorizó la ejecución de prestaciones adicionales y reducciones a favor de la contratista, sin cumplir con la normatividad.
Según la ley de Contrataciones del Estado, las modificiones al contrato en los supuesto de la ejecución de prestaciones adicionales y reduccion de prestaciones con ordanadas por el titular de la entidada, en este caso por la Diresa, mediante resolución previa, además de contar con un sustento del área usuaria y la asignación presupuestal necesaria.
En ese sentido, la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de irregularidad a fin que se determinen responsabilidades.
