El Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, a cargo de la fiscal provincial, Rosa Zanabria Mueras, logró una sentencia de 4 años de prisión suspendida (bajo reglas de conducta) en contra del exalcalde de Pilcomayo, Richard Bendezú Mendoza, y de su exgerente municipal, Javier Balbín Huamán, por el delito de negociación incompatible y/o aprovechamiento indebido del cargo.
También se logró la sentencia suspendida de 3 años en contra de Luisa Martínez Sancho (ex subgerente de Desarrollo Urbano), José Antonio Pascual Quispe y Bécquer Cristóbal Huaraca como autores, y Arturo Edgar Orihuela Ricse (representante de Autocom EIRL) en calidad de cómplice, por el delito de colusión simple y al pago de 40,000 soles de reparación civil y a 180 días multa que equivalen a 2,790 soles. Todos los exservidores estarán inhabilitados por 4 años para ejercer cargo público.
En este caso, la representante del Ministerio Público logró demostrar que el exalcalde Richard Bendezú emitió una resolución de alcaldía con fecha 5 de agosto del 2015, para reestructurar el comité especial encargado de la licitación pública para la adquisición de 2 volquetes para el “Proyecto de Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de Equipamiento Mecánico de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo”.
Mientras que, en el caso de Luisa Martínez, José Pascual y Bécquer Cristóbal, quienes conformaron el comité especial de licitación, concertaron para elaborar las bases administrativas con términos de referencia y especificaciones técnicas diferentes a lo señalado en el expediente técnico, vulnerando también la Ley de Contrataciones y favoreciendo directamente a la empresa Autocom EIRL, representada por Arturo Orihuela.
A ello se sumó la intervención de Javier Balbín como gerente, quien contraviniendo el ROF dispuso a través de memorandos al área de Logística la adquisición de dos volquetes de menor calidad, de origen chino y del año 2013, elevando sin sustento, el costo referencial de estas unidades, lo que contravino el principio de vigencia tecnológica de la Ley de Contrataciones.
La resolución judicial fue emitida por el 5° Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo, a cargo de la Magistrada Susan Carrera Tupac Yupanqui.
