martes 18 de noviembre del 2025
martes 18 de noviembre del 2025

Contraloría halla responsabilidad penal en Vejarano y su comité de selección en adjudicación millonaria del hospital de Satipo

Funcionarios del Gobierno Regional de Junín habrían favorecido con adjudicación irregular de S/ 207 millones a consorcio cuya empresa principal carecía de experiencia y presentó documentación falsa.

Contraloría halla responsabilidad penal en Vejarano y su comité de selección en adjudicación millonaria del hospital de Satipo

Funcionarios del Gobierno Regional de Junín habrían favorecido con adjudicación irregular de S/ 207 millones a consorcio cuya empresa principal carecía de experiencia y presentó documentación falsa.

La Contraloría General de la República identificó graves irregularidades en la adjudicación de la obra del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki de Satipo, valorizada en S/ 207,091,607.05, y determinó que los funcionarios encargados de la selección de la empresa ejecutora cometieron ilícitos penales para beneficiar con la buena pro al Consorcio Hospital Arakaki, tal como lo revelaron los informes periodísticos de Infoandes.pe.

Funcionarios y servidores tendrán que responder por presuntos delitos penales en la selección de la empresa ejecutora.

Los funcionarios involucrados en posibles delitos penales son Paúl Chancasanampa Pacheco, primer miembro y subgerente de Obras; Rony Paolo Vejarano Pérez, presidente del Comité de Selección y precandidato a Huancayo; Julio César Barraza Chirinos, primer miembro suplente; Juan Carlos Ramos Dominguez, segundo miembro y subdirector de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y Víctor Hugo Calderón León, especialista administrativo I del Gobierno Regional de Junín (GRJ).

LAS IRREGULARIDADES
El informe N° 17604-2025 señala que, durante la etapa de formulación de consultas y observaciones, un representante del Consorcio Hospital Arakaki observó las condiciones de participación de los consorcios y la experiencia del personal clave, lo que fue acogido por al área usuaria y al final permitió que la obra recaiga en una empresa consorciada sin experiencia en ejecución de este tipo de obras, pero con alto porcentaje de participación dentro del consorcio.

Informe señala que funcionarios favorecieron a empresa sin experiencia en ejecución de hospitales.

Asimismo, en la etapa de calificación de ofertas, el comité de selección favoreció al Consorcio Hospital Arakaki (integrado mayoritariamente por LC & EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C y Riva SA Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal Perú), pese a que este no cumplió con acreditar el requisito de calificación de la experiencia del postor en la ejecución de hospitales. Al no tener esta documentación, este consorcio debió ser descalificado, pero el comité le otorgó la buena pro.

Contraloría halló omisiones del comité a favor de la empresa que ganó el proceso de selección.

La Contraloría también observó que el GRJ suscribió el contrato con este consorcio, pese a que no lograron acreditar el requisito de la calificación de experiencia del plantel profesional clave. Esto no fue observado por el órgano encargado de las contrataciones que prosiguió con el contrato.

Groseras omisiones a favor de empresa por parte del comité de selección. Ahora tendrán que responder por sus actos.

Tal como lo reveló Infoandes.pe, el Consorcio Hospital Arakaki, liderado por LC & EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C., de la joven empresaria Lucero Nicole Coca Condori, de 23 años, ha estado en el centro de otros escándalos de adjudicaciones millonarias en Perú. La misma empresa, creada en 2023 y con limitada experiencia, obtuvo contratos con el Estado por un total de S/522 millones en tres regiones: Junín (S/207 millones), La Libertad (S/315 millones en dos contratos), y Loreto (S/22 millones). En Junín, el GRJ resolvió el contrato luego de la publicación de informes periodísticos.

El 4 de noviembre último, el informe fue puesto de conocimiento del gobernador regional Zósimo Cárdenas Muje, para que inicie el procedimiento administrativo contra los funcionarios y servidores públicos mencionados en el informe, mientras que la Contraloría también remitió estos hallazgos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales.

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