En la región Junín existen 86 obras públicas paralizadas, principalmente en los sectores de salud, agua, saneamiento e infraestructura vial, lo que representa un perjuicio económico que supera los 966 millones de soles, según la actualización de cifras presentadas por el gerente regional de Control, Víctor Lizárraga Guerra.
La región se ubica entre las diez con mayor número de proyectos detenidos en el país, más del 40% de estas obras corresponden al sector saneamiento, con fuerte incidencia en la Selva Central. Allí destacan proyectos inconclusos en Pangoa, Río Negro y Pichanaki, algunos paralizados por más de 10 años, detalló Víctor Lizárraga a la Rotativa del Aire Junín de RPP.
“La Contraloría está muy atenta también a que estas [obras] puedan reactivarse porque en la medida que puedan ponerse en operatividad va a beneficiar a la población. La zona más afectada con temas de acceso a agua y desagüe es la selva central, pero eso tampoco no impide que analicemos en la parte del Valle del Mantaro”, advirtió.
LAS OBRAS
Entre los casos emblemáticos figuran el Hospital Manuel Higa Arakaki en Satipo, cuya inversión supera los 268 millones de soles; la trocha carrozable del valle de Ancayo, iniciada en 2010 y aún sin culminar; y el sistema de agua y alcantarillado de San Martín de Pangoa, con una inversión superior a los 85 millones de soles.
En el caso de Huancayo, persiste la ausencia de una planta de tratamiento de aguas residuales, infraestructura clave para mejorar la salud pública y mitigar la contaminación ambiental.
Otro caso clave sobre retrasos y perjuicios es la construcción del nuevo Hospital El Carmen en Huancayo que ya se extendió por 13 años debido a múltiples irregularidades desde el inicio del proyecto. Según explicó el funcionario, la obra fue planificada sin terreno habilitado ni presupuesto asegurado, lo que generó constantes paralizaciones, cambios de ubicación y sobrecostos. A ello se suman contrataciones y adelantos sin sustento técnico, que incrementaron de manera significativa el perjuicio económico. La Contraloría ha advertido un conjunto de irregularidades administrativas en ese proceso.
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LOS PERJUICIOS
A la problemática se añade otro factor crítico: la debilidad institucional generada por el clientelismo político. Lizárraga advirtió que en Junín persisten designaciones de funcionarios sin perfil técnico ni experiencia en gestión pública, muchas veces vinculados a partidos políticos. Como resultado, la administración local y regional se ve afectada, generando retrasos en la ejecución de obras, procesos de arbitraje y un creciente perjuicio social.
“El problema de fondo es que si la administración pública no es meritocrática, no es profesional, o que no tiene a los profesionales competentes y que puedan tomar las mejores decisiones sobre los fondos públicos, siempre van a tener estos inconvenientes. Por eso es mejor que las administraciones públicas tengan a los profesionales más competentes”, añadió.
El representante de la Contraloría advirtió que el perjuicio económico es dinámico: algunas obras se reactivan, pero otras vuelven a paralizarse por falta de supervisión, presupuesto o arbitrajes. Entre las causas más frecuentes se encuentran el incumplimiento de contratos, la falta de financiamiento, además del abandono de obras y problemas en la disponibilidad de terrenos.
Actualmente se encuentran en curso auditorías al Hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo, se investiga al Consorcio Arakaki por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra. “En este caso del Consorcio Arakaki la Contraloría ha acreditado una comisión, estamos nosotros llevando a cabo una auditoría de hechos específicos con el propósito de determinar ya sea responsabilidades administrativas y penales”, refirió.
Además, se alistan audiencias públicas en Selva Central, Tarma y Jauja para que la ciudadanía denuncie irregularidades en proyectos y servicios públicos. La primera audiencia se realizará en Satipo y Chanchamayo, este 26 de septiembre de 2:30 p. m. a 5:30 p. m. En octubre se llevará a cabo en Tarma (zona altoandina) y en noviembre en Jauja, que concentrará denuncias del Valle del Mantaro.
