La Contraloría General de la República ha emitido un reciente informe de control posterior donde advierte irregularidades críticas en la Gerencia de Desarrollo Urbano. Según el documento, la entidad no atendió dentro del plazo legal un procedimiento de regularización de habilitación urbana, vulnerando la seguridad jurídica del proceso. El periodo de evaluación analizado comprendió desde abril hasta diciembre del año 2025, evidenciando una preocupante inacción administrativa.

El ente de control determinó que el plazo máximo de treinta días hábiles para resolver la solicitud fue ampliamente superado por los funcionarios municipales encargados. A pesar de que la Comisión Técnica emitió dictámenes de «No Conforme» en dos revisiones distintas, la resolución de improcedencia nunca fue notificada. Esta falta de emisión de un acto administrativo final permitió que el administrado invocara mecanismos legales para forzar la aprobación ficta.

Posteriormente, la Gerencia Municipal emitió un pronunciamiento declarando la improcedencia del silencio administrativo positivo sin contar con la debida habilitación legal para ello. El informe señala que dicha gerencia basó su decisión en normatividad derogada y jurisprudencia que no resultaba aplicable al caso específico analizado. Esta actuación fue calificada como una afectación directa al principio de legalidad que debe regir toda función pública estatal.

Ante estos hechos, el Órgano de Control Institucional ha solicitado al alcalde Dennys Cuba Rivera la adopción de acciones inmediatas para deslindar responsabilidades. La municipalidad tiene un plazo de veinte días hábiles para presentar un plan de acción que permita superar las deficiencias detectadas en este informe. El objetivo final es garantizar que los recursos y procedimientos públicos se gestionen con la eficacia y transparencia que la ley exige.