Según el observatorio por entidad pública, el Gobierno Regional de Junín, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con un índice muy alto de corrupción que se traduce en servidores y funcionarios sancionados, contrataciones sin competencia, 659 proyectos abandonos y caducos, y daños patrimoniales equivalentes a 8 millones 38 mil 11 soles durante el 2022.
Respecto al ranking por gobiernos regionales, Junín se mantiene dentro de los 10 departamentos a nivel nacional con mayores índices de corrupción. Con un puntaje de 55. 5, es decir con un rango de corrupción medio alta.
Como se recuerda en 2021, Junín pasó a estar bajo la lupa de los grandes medios luego que, después de la elección de Pedro Castillo, candidato por Perú Libre se destapara el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, una presunta organización criminal dedicada a la emisión irregular de licencias de conducir a cambio de sobornos y el direccionamiento de plazas laborales dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
A esta se sumó el escándalo por las obras paralizadas por la gestión de Perú Libre y que se mantienen hasta ahora con la actual gestión. Solo hasta mayo del 2023 un reporte de la Contraloría precisó que en Junín había un total de 56 obras paralizadas, de las cuales, 50 permanecen en esta situación desde diciembre del año pasado y 6 se paralizaron en marzo de este año, todas ellas valorizadas en 546,980,543 soles.
A su vez la provincia de Huancayo, capital del departamento de Junín, no se queda atrás, y es la segunda a nivel nacional con mayores índices de corrupción e inconducta funcional después de la provincia de Maynas, Loreto. El portal recoge información hasta el 2022, es decir hasta, la gestión de Juan Carlos Quispe Ledesma alcalde por Perú Libre.
Como se recuerda durante la gestión 2019-2022 el Ministerio Público y la División de Alta Complejidad de la Policía intervinieron las instalaciones de la municipalidad debido al caso ‘Los Tiranos del Centro’, una presunta organización criminal dedicada al cobro irregular de cupos a comerciantes informales y de giros especiales, el caso fue polémico y llevado a medios nacionales pues involucraba al exalcalde Henry López Cantorín y el entonces alcalde, Quispe Ledesma.
