Con la llegada de un oficio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comunicando que admitir el retorno de Fernando Orihuela no era su competencia sino del Consejo Regional de Junín, se reavivaron los cuestionamientos sobre si el retorno del gobernador regional fue dilatado por algunos consejeros regionales.
El documento enviado por el JNE responde a la solicitud de consulta que el Consejo Regional decidió enviar el pasado 27 de julio, a pedido del consejero Luis Carhuallanqui Berrocal, cuando Fernando Orihuela solicitó su retorno al cargo tras haber renunciado a su candidatura.
“El Supremo Tribunal Electoral sólo observe consultas relacionadas con lo estipulado en su ley orgánica (…) el artículo 25 del Reglamento Interno del Consejo Regional de Junín señala que dentro de sus atribuciones se encuentra la de autorizar las licencias personales solicitadas por el presidente y vicepresidente”, refiere el oficio del JNE.
Saúl Arcos Galván, consejero por Chupaca, calificó de “una vergüenza” que el Consejo Regional haya involucrado al organismo electoral en una decisión que solo le competía a ellos y responsabilizó al consejero delegado, Jorge Buendía Villena, y al exsecretario, Erick Segovia García, por la “crisis” vivida. Criticó que la consulta haya sido enviada hasta Lima, al JNE y no al Jurado Electoral Especial de Huancayo.
Respecto a si hubo intención de dilatar el retorno de Orihuela, Saul Arcos manifestó que quiere pensar que el retraso en la desición se debió al desconocimiento de algunos consejeros respecto a las disposiciones legales, pero que mantiene sus dudas. Su colega José Villazana, por el contrario, denunció que sí habrían existido intereses involucrados.
¿DESCONOCIMIENTO O INTERESES?
El pasado 9 de agosto, cuando el consejo decidió devolver el cargo a Fernando Orihuela; Erick Segovia García, recientemente separado de sus funciones como secretario del Consejo Regional, fue acusado por el actual gobernador de estar “parcializado” y de no haber brindado asesoría adecuada a los consejeros.
Tras la acusación de Saúl Arcos, el consejero por la provincia de Yauli – La Oroya, Jorge Rojas Gamarra, salió en defensa del consejero delegado, alegando que fue “desconocimiento de la materia electoral” y no un intento de dilatar el proceso por parte de los 6 consejeros que votaron a favor de elevar la consulta al JNE.
En efecto, la controversial consulta se aprobó gracias a los votos de los consejeros: Jesús Lara Guerra, Ximena López Castro, José Álvarez Rojas, José Villazana Flores, Luis Carhuallanqui y Jorge Rojas. Los 5 consejeros restantes, expresaron su deseo de llevar a votación el pedido de Orihuela el mismo 27 de julio.
De haber sido por esta decisión de solicitar la asesoría del JNE, Fernando Orihuela podría haber retornado a su cargo 13 días antes, sin que tengan lugar los posteriores enfrentamientos verbales, la permanencia de dos gobernadores regionales y la presunta entrega de coimas que habría gestionado su predecesor y ahora encarcelado, Clever Mercado Méndez.
