La Comisión de Asuntos Legales y Ética, a cargo del regidor Rubén Vera Cabrera, no habría encontrado ninguna falta en la actuación del regidor Sabino Blancas Chávez y descartó alguna suspensión en sus funciones, tal como lo solicitó la gerenta de Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH), Adriana Tasa Catanzaro, quien denunció que se perjudicó su imagen como funcionaria cuando el concejal cuestionó sus deudas tributarias por 50 mil soles.
Según fuentes de Infoandes.pe, la Comisión no pudo determinar la veracidad o falsedad del documento respecto a las deudas de Adriana Tasa, por lo cual no se encontró responsabilidad alguna para sancionar al regidor Sabino Blancas, pues no existen evidencias o pruebas de alguna mala actuación en sus funciones.
La Comisión también enfatizó que las deudas de una fecha determinada no menoscaban el honor de las personas y mucho menos la imagen, ya que ser deudor no implica delito alguno, esto, haciendo referencia a la solicitud de Adriana Tasa que pidió la aplicación del inciso 15 del artículo 130 del Reglamento Interno del Concejo Municipal (RIC): “Usar instrumento o información falsa, como si fueran verdaderos, con el propósito de perjudicar o dañar la imagen de la institución, funcionarios o trabajadores”.
El informe de la Comisión y la evaluación de sus conclusiones se iba a debatir ayer por la tarde en una sesión extraordinaria, pero ante la falta de notificación a Adriana Tasa, como parte agraviada, y la ausencia del alcalde Dennys Cuba Rivera, se postergó para otra fecha.
POSICIONES SOBRE EL INFORME
Sobre este caso, la Gerencia Jurídica de la MPH, a cargo de Noemí León Rivas, emitió un informe que señala que el regidor mencionó que la deuda de la funcionaria por impuesto predial, arbitrios y alcabala desde el 2017 al 2023 es de S/ 53, 434,243,267.77, cifra que no es coherente con el pago efectuado por la funcionaria, por lo cual existiría “mala fe y actuar doloso por parte del regidor”, por lo cual, configuraría falta grave.
Mientras que la posición de la Comisión fue que, durante la investigación del caso, la jefa del SATH, Adriana Tasa, adjuntó documentos como los pagos correspondientes a las deudas que existieron. Además, el “Estado de Cuenta de Deuda” de Adriana Tasa, no fue entregado por el SATH porque consideraron que era “información de carácter reservada”.
Por esta falta de información, la Comisión no pudo establecer la veracidad o falsedad de la deuda que registraba la funcionaria. “Este hecho impide labores de fiscalización de los regidores, estableciendo un precedente no deseado en futuros hechos similares”, dice el informe
