La Contraloría General de la República (CGR) halló presunta responsabilidad penal en el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, y el actual gobernador, Fernando Orihuela Rojas, en la modificación del expediente técnico del Puente Noruega, donde habría un perjuicio económico de más de 1 millón de soles, obra que en la actualidad se encuentra paralizada.
Mediante el informe de auditoría de cumplimiento N° 012-2022, se detectó un perjuicio económico de más de 1 millón soles debido a la reformulación del expediente técnico primigenio del Puente Noruega, ubicado en el distrito de Perené – Selva Central, contemplado en un convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Junín (GRJ) y los Servicios Industriales de la Marina (Sima -Perú).
Para la CGR, Vladimir Cerrón, sin contar con sustento legal ni técnico, modificó la cláusula tercera con la que se desnaturalizó el expediente primigenio y se procedió a su reformulación total, también, cambió la cláusula sexta y décimo tercera donde le otorgaban a SIMA PERÚ la flexibilidad en el tiempo para el cambio del proyecto inicial y el incremento del costo acorde a los resultados de variación del primer expediente hasta en 201%.
Además, que en el convenio se incorporó una quinta cláusula que estableció que si la empresa encontraba observaciones al expediente técnico, podría solicitar pretensiones adicionales, es decir, mayor presupuesto.
El informe revela que SIMA PERÚ, con cargo a los fondos públicos, subcontrató a una empresa para ejecutar las acciones contempladas dentro del convenio específico por un monto menor al que el Gobierno Regional de Junín le pagó, obteniendo una diferencia económica de 362 mil 844 soles.
Además, a través de una resolución Gerencial de Infraestructura emitida el 26 de noviembre del 2020, indica que el estudio de inversión inicial indicaba que el Puente Noruega se edificaría entre las urbanizaciones Santa Ana y Pampa Silva (distrito de Perené) trasladó la zona de construcción a la Carretera Marginal de la Selva, en la avenida Salvador Coronado y el pasaje Máximo Camarena.
Asimismo, en el informe se identificó 8 ex funcionarios y 4 servidores en funciones del GRJ con presunta responsabilidad penal y/o administrativa, entre ellos el exgobernador del GRJ, Vladimir Cerrón y el actual gobernador, Fernando Orihuela, quienes registran responsabilidad penal.
