Este lunes 30 de setiembre, la Corte Suprema dará a conocer su decisión sobre el pedido de anular la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos al prófugo Vladimir Cerrón por el caso Saneamiento de La Oroya y en el que fue sentenciado por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en agosto del 2019.
En la audiencia del pasado 5 de setiembre, la defensa de Vladimir Rojas, quien el próximo 6 de octubre cumple un año en la clandestinidad tras su sentencia por el caso Aeródromo Wanka, solicitó que se revoque una resolución judicial previa de la Corte Superior de Justicia de Junín.
Según el argumento del abogado de Cerrón, tanto en la primera como en la segunda instancia de la sentencia no existe una motivación suficiente por lo que pide que se revalúe la inhabilitación impuesta a su patrocinado.
Por el delito de negociación incompatible, el año pasado el Poder Judicial restituyó la condena de cuatro años de pena suspendida impuesta al líder de Perú, debido a irregularidades en el caso Saneamiento de La Oroya.
CASO DE SANEAMIENTO EN LA OROYA
El 5 de agosto de 2019, el Quinto Juzgado Anticorrupción de Huancayo condenó a Vladimir Cerrón y a sus funcionarios de confianza a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Además de inhabilitarlo para ocupar cargos públicos o tener contrato con el Estado por un año.
Según el argumento del Ministerio Público, Cerrón Rojas concilió ilegalmente y entregó valorizaciones indebidas durante su primera gestión como gobernador regional de Junín (2011-2014) en el caso Saneamiento de La Oroya.
El 18 de octubre de ese mismo año, la condena varia a una prisión suspendida y por cuatro años. Sin embargo, la inhabilitación fue confirmada en la segunda instancia, por el mismo plazo de un año. Y al año siguiente Cerrón pidió el levantamiento de la pena, pero fue rechazado por el Quinto Juzgado Anticorrupción en febrero de 2021 al advertir que nunca se había inscrito y recién ocurre en marzo de 2021.
Desde entonces, en tres oportunidades las apelaciones de Cerrón fueron rechazados hasta que llegó a la Corte Suprema. En agosto de 2023, la Corte Constitucional de Lima declaró fundada la demanda para suspender la condena e inhabilitación del ejercicio público. Y en marzo de este año la pena fue restituida al considerar que las sentencias de primera y segunda instancia fueron debidamente sustentadas.