La incansable búsqueda de los asháninkas desaparecidos

Durante el conflicto armado interno en el Perú, entre 1980 y 2000, más de 6.000 integrantes del pueblo indígena asháninka —el más numeroso de la Amazonía— fallecieron a causa de la violencia terrorista y el fuego cruzado entre grupos militares y subversivos instalados en su territorio, especialmente en la selva central. Alrededor de 5.000 indígenas de este pueblo fueron secuestrados por Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Hoy, sus comunidades y familiares siguen buscando a los desaparecidos.

Un informe de Yoselin Alfaro Carhuamaca

Teddy Sinacay Tomas, indígena del pueblo asháninka, solo había sostenido una flecha para cazar animales, pero cuando el conflicto armado interno alcanzó su territorio en la provincia de Chanchamayo, en Junín, le enseñaron a manejar una escopeta. Era inicios de 1990. Tenía 14 años y tuvo que reemplazar los días tranquilos en el bosque por largas horas de patrullaje en su comunidad: Impitato Cascada.

El caso que más impacto le causó a Teddy fue la desaparición de Francisco López Jonata, de 20 años, indígena de Impitato Cascada, que trabajaba como maestro bilingüe en el distrito de Río Tambo, en la provincia de Satipo. A Francisco lo vieron por última vez a inicios de 1990 en Puerto Ocopa. Algunas versiones aseguran que hombres del grupo terrorista Sendero Luminoso lo asesinaron y arrojaron su cuerpo al río. Otras, indican que se lo llevaron a la fuerza.

El maestro desapareció cuando la mayor parte del territorio de Satipo había sido tomado por Sendero Luminoso, también conocido como rojos o kitiokari, mientras la provincia de Chanchamayo era ocupada por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), denominados por los indígenas como cheenkari o negros.

Teddy, quien actualmente tiene 46 años y es líder de la Central de Comunidades Nativas de Selva Central (Ceconsec), recuerda que cuando empezó la etapa del terrorismo atravesó la frustración de no poder hacer mucho porque era muy joven para tomar decisiones en su comunidad. No sabía cómo calmar a los más adultos, quienes, movidos por el pánico de las muertes y desapariciones, ya no creían ni en su propia familia. “La reacción del asháninka era fuerte, no podían, se olvidaban hasta de que tenían familia. Todo era a la defensiva, eso era muy triste”, cuenta.

En 1990 también desapareció Adela Ampinti Shiñungari, de 14 años, que vivía junto a su familia en la comunidad de San Antonio de Cheni, en Río Tambo. Su hermana Abelina Ampinti cree que la secuestró Sendero Luminoso cuando sus padres y hermanos intentaban refugiarse lejos de los grupos terroristas que habían asesinado a líderes indígenas y a gran cantidad de población asháninka. 

A la desaparición de Adela le siguió la de Máximo Ampinti Shiñungari, de 17 años, quien abandonó a su familia para buscar a su hermana menor en la provincia de Atalaya, en Ucayali, pero nunca más volvió. Los habitantes del lugar contaron a la familia de Máximo que el joven había sido asesinado por las fuerzas del orden al ser confundido con un terrorista.

A Francisco, a Adela y a Máximo los vieron por última vez en territorios de Satipo. Esta provincia concentra el 67% del total de desaparecidos en Junín entre 1980 y 2000, según información proporcionada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Asimismo, Junín es la tercera región con mayores casos de personas extraviadas en el ámbito nacional, tras ser uno de los principales escenarios del desarrollo de acciones terroristas, de acuerdo a la base de datos de dicha cartera.

Estos tres casos están incluidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), del MINJUSDH, que en total tiene denuncias de 21.918 desaparecidos en la época del terrorismo, entre 1980 y 2000. 

Una vida de resistencia 

En el Perú, más de 5,9 millones de personas se autoidentifican como quechuas, indígenas de la amazonía, aimaras o pertenecientes a algún otro pueblo índigena, según los Censos Nacionales de 2017, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Dentro de los pueblos indígenas de la amazonía —que concentran la mayor cantidad de personas, luego de las etnias quechua y aimara, de acuerdo al criterio de autopercepción— los asháninkas son los más numerosos. Se calcula que su población es de 118.277 habitantes distribuidos mayoritariamente en 675 localidades de las regiones de Junín, Ucayali, Huánuco, Ayacucho, Pasco y Cusco, de acuerdo al Ministerio de Cultura.

Fue justamente en estos territorios donde se desató la violencia terrorista. De 55.000 asháninkas, cerca de 10.000 fueron desplazados forzosamente de los valles del Ene y Tambo, en Satipo, y Perené, en Chanchamayo; 6.000 fallecieron y cerca de 5.000 fueron secuestrados por Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Además, entre 30 y 40 de sus comunidades desaparecieron. 

Desde 1980, Sendero Luminoso ingresó a las comunidades de la selva central valiéndose de grupos de colonos, líderes indígenas y profesores bilingües, para conseguir legitimidad y ganarse al pueblo asháninka. Al inicio del conflicto, según el informe de la CVR, algunos indígenas creyeron en las promesas de los terroristas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, quisieron abandonarlos.

Para mantener cautivos a los indígenas que conformaban las masas de los comités populares organizados por Sendero Luminoso, se valieron de amenazas de muerte y tortura. “Era muy triste, se llevaron a personas inocentes, familias completas con todos sus hijos. Ellos trataban de portarse bien para no sufrir maltratos, pero dentro de las filas de Sendero había jefes malos que, cuando no hacían caso, los mataban”, narra Teddy Sinacay Tomas. 

Estos comités se instalaron, desde 1987, en las comunidades de Puerto Prado (Río Tambo), Santo Domingo, Anapati, Selva de Oro y Centro Tsomaveni (Río Ene). Allí, los indígenas estaban obligados a atender las necesidades de los subversivos y los niños eran adoctrinados para servir a la revolución, refiere Mariella Villasante Cervello, antropóloga e investigadora que estudió el conflicto armado interno en los pueblos asháninka y nomatsiguenga, en la selva central. 

“Convirtieron a los niños en soldados, llamados ‘pioneritos’ y muchas niñas fueron forzadas a la esclavitud sexual para beneficio perverso de los mandos senderistas”, precisa Villasante Cervello.

El Informe Final de la CVR detalla que, alrededor de 1988, Sendero Luminoso comenzó con el secuestro de niños de entre 10 y 15 años con el propósito de adoctrinarlos. De esta forma, separaron a miles de niños y adolescentes de sus familias, entre ellos indígenas. Algunos lograron escapar y congregaciones religiosas, como la Misión Franciscana de Puerto Ocopa, en la selva central, les dieron refugio.

Sendero Luminoso asesinó a los líderes indígenas Pablo Sanchoma, presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART); Óscar Chimanca, de la Confederación Nomatsiguenga y Asháninka de Pangoa (Conoap) y Dante Martínez, de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap). Sus muertes motivaron a los asháninkas a consolidar los comités de autodefensa, detalla el Informe Final de la CVR.  

La antropóloga Mariella Villasante estima que, entre mayo de 1989 y setiembre de 1994, se registraron 15 masacres dirigidas por terroristas en la selva central. Una de estas fue la matanza del Valle de Tsiriari, donde inicialmente se creía que habían muerto 72 personas. Sin embargo, las investigaciones de la Dirección General de Búsqueda de Personas en Junín, dirigida por Marcos Cañari García, indican que se trataría de 101 víctimas, 20 de ellas pertenecientes a la comunidad indígena nomatsiguenga, de Tahuantinsuyo.

Las consecuencias del conflicto armado 

Durante 1993, el sociólogo Guillermo Ñaco Rosas —integrante del pueblo asháninka que formó parte de la Comisión de Emergencia Asháninka, creada por los mismos indígenas—, registró el desplazamiento de cientos de asháninkas y nomatsiguengas que originalmente vivían en las zonas de Ucayali, Río Tambo, Mazamari, Puerto Ocopa, Pangoa y Satipo pertenecientes al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

“En este proceso se dio con 140 desplazados (indígenas que escaparon de Sendero Luminoso) que permanecieron escondidos en el monte por cerca de un año y estaban en una situación de desnutrición crítica. Entre ellos había población asháninka, nomatsiguenga y colonos o civiles”, relata Guillermo.

Incluso después de la entrega del Informe Final de la CVR, durante los años 2003 y 2015, se rescataron 78 indígenas, quienes permanecían secuestrados por remanentes de Sendero Luminoso en la selva de Junín, entre ellos 47 menores de edad. 

Estos acontecimientos de violencia causaron profundo dolor en la población indígena, que vio destruidos sus ideales de unidad y la convivencia pacífica que siempre defendieron. Para Teddy Sinacay Tomas, quien accedió a los testimonios de los rescatados, el dolor por los abusos, el hostigamiento y el asesinato de sus familiares marcó la vida de estos asháninkas, que prefirieron excluirse y vivir alejados de sus hermanos.  

Respecto a las secuelas de la violencia terrorista en los indígenas de los pueblos asháninka, nomatsiguenga y yanesha, la antropóloga Villasante Cervello señala que hubo una transformación de la estructura social, que trajo consigo un clima de individualismo, desconfianza, suicidios y conflictos entre los más jóvenes y adultos, problemas que no han sido superados. Sin embargo, hace hincapié en que, en otras comunidades, la solidaridad familiar y comunitaria persiste.

Villasante Cervello lamenta que, a pesar de estos hechos que marcaron la historia del Perú, la sociedad sigue ignorando a las poblaciones amazónicas y andinas, como lo hizo antes con los epicentros del conflicto armado interno, como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huallaga y Junín. 

Además, refiere que el hecho de que no exista una cifra de víctimas divididas por etnias refleja el abandono del Estado, la falta de políticas de protección e inclusión de los pueblos indígenas, que empeora por el impacto de las actividades extractivas ilícitas. 

El Plan de Búsqueda al 2030

Desde el 2000, la recuperación de restos y búsqueda de desaparecidos estuvo a cargo del Ministerio Público. Pero, en junio de 2016, se promulgó la Ley 30470, de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Periodo de Violencia 1980-2000, que encargó estas facultades al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) y dispuso la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

En 2021, el Gobierno aprobó el Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030, que tiene la finalidad dar con más de 18.600 personas desaparecidas que aún no se han podido localizar. Al momento de la publicación del documento los casos totales contabilizados eran 21.334. De todos ellos, 33 personas habían sido halladas con vida y 2.659 restos habían sido restituidos a sus familias. 

Sin embargo, la cifra global de desapariciones creció a 21.918, de acuerdo a una actualización de agosto de 2022. Este ascenso en las cifras responde a registros realizados en los últimos años, que en su momento no se reportaron por temor a represalias y brechas en el acceso a la justicia.

Después de Ayacucho ( 9.205 casos) y Huánuco ( 2.836), Junín es la tercera región del país que tiene la mayor cantidad de personas desaparecidas entre 1980 y 2000 (2.761). 

El Plan de Búsqueda se centra en personas de las que se desconoce su destino o paradero, casos en los que se afirma que la persona ha fallecido, aunque no se conoce la ubicación de su cuerpo, y otros en los que existen indicios de la ubicación del cuerpo en un posible sitio de entierro, de los 4.961 que existen en el Perú, según la data del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este documento propone buscar a los desaparecidos con un enfoque humanitario e intercultural para comprender las diferencias de los territorios y el contexto. Sin embargo, hay dificultades en la articulación de las instituciones públicas involucradas en el proceso y el acceso al análisis de identificación de desaparecidos.

En la actualidad, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) en Junín realiza investigaciones en el distrito de Río Negro para dar con más desaparecidos y restituirlos a sus familiares. En el centro poblado Alto Villa Victoria hay seis casos, dos en el centro poblado Kanariaki, 27 en el centro poblado Alto Paureli, 13 en Monterrico y 101 en Mazamari, donde se registró la matanza del Valle de Tsiriari, detalla Marcos García Cañari, coordinador regional de la DGBPD.

García Cañari reconoce que el proceso de búsqueda de personas y entrega de restos puede conllevar mucho tiempo. Sin embargo, destaca que se debe continuar con esta tarea para reducir la brecha de desaparecidos, aún si no están acreditados en el Registro Único de Víctimas, sus familiares hayan o no brindado su testimonio a los comisionados de la CVR o no tuvieron un Documento Nacional de Identidad a la hora de su desaparición.

Aunque la búsqueda de los asháninkas desaparecidos no se detiene, aún hay una brecha importante que cerrar, y los familiares de Francisco, Adela y Máximo no se dan por vencidos. Desde su casa en Satipo, Abelina Ampinti piensa continuar escribiendo avisos para dar con sus hermanos Adela y Máximo. La familia de Francisco tampoco pierde la esperanza de encontrarlo. No importa que ya hayan pasado más de 30 años. 

Créditos: Agenda Propia, Ojo Público y Másdata

Esta historia es parte del proceso periodístico Tejiendo historias con datos, cocreada con periodistas y narradoras indígenas y no indígenas de la Red Tejiendo Historias (Rede Tecendo Histórias), bajo la coordinación editorial del medio independiente Agenda Propia con el apoyo de la organización Datasketch.