Diversos líderes indígenas y entidades estatales expresaron su rechazo al Proyecto de Ley N° 3518/2022, alegando que esta iniciativa, que busca que la protección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) recaiga en los gobiernos regionales, vulnera los derechos a la vida y territorio de estas comunidades y propicia su extinción.
Pese a que diversas organizaciones como el Ministerio de Cultura (Mincul), la Defensoría del Pueblo, los obispos de la Amazonía y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) han expresado su rechazo, la propuesta se mantiene en pie y ya llegó a las comisiones de Descentralización y Cultura del Congreso.
Esta Ley que Modifica la Ley 28736, conocida como Ley PIACI, pues protege a este sector, fue presentada el 11 de noviembre del 2022 por la bancada de Fuerza Popular, impulsada por el congresista Jorge Morante Figari, quien busca quitarle atribuciones al Mincul sobre la creación de reservas indígenas para los pueblos no contactados y plantea evaluar la continuidad de las reservas existentes y suspender la creación de otras nuevas.
Recientemente el presidente de AIDESEP, Jorge Pérez, señaló: “por muchos años nuestros hermanos PIACI han vivido y conservado los territorios más prístinos de la Amazonía. Ahora el proyecto de Ley 3518 es una grave amenaza de exterminio para los PIACI y responde a intereses específicos de algunos grupos políticos y económicos”.
Según los detractores, esta Ley lo único que busca es reducir los estándares de protección de los PIACI en Perú pues estos territorios son un impedimento a actividades extractivas y de otra índole. Un grupo de la sociedad civil de Loreto argumenta que la Ley PIACI transgrede la soberanía nacional, apropiándose de miles de hectáreas de territorio amazónico.
El Proyecto de Ley 3518 busca no solo que de ahora en adelante la decisión de protección de los PIACI recaiga en los gobiernos regionales, quienes actualmente no tienen ninguna competencia en la materia, sino que también busca dejar sin protección a pueblos cuya existencia ha sido probada a través de la eliminación de las reservas ya existentes.
Según Melisa Sánchez, representante del Programa de Pueblos Indígenas Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la propuesta fujimorista carece de toda justificación y solo puede traer consecuencias negativas, principalmente para los PIACI, pues su vida estaría a merced de los intereses de turno, pero también para el Estado peruano, que se encuentra obligado por nuestra Constitución, y a nivel internacional, a proteger a este grupo de compatriotas.
El Estado peruano, ha reconocido la existencia de al menos 25 PIACI que viven en la Amazonía y ha ratificado leyes que defienden su derecho a no mantener contacto con el resto de la sociedad nacional, sin embargo, con la Ley 3518 las amenazas para los indígenas solo aumentarían, pues diariamente los madereros y mineros ilegales invaden más la selva, y las concesiones de petróleo y gas amenazan grandes extensiones de territorio.
