El sector minero es uno de los principales motores que alienta el desarrollo económico y social, generando encadenamientos productivos y empleos formales en la región Junín, señaló Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Durante su participación en el taller de periodistas “Retos de la Comunicación Regional”, organizado por el IPE y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) destacó el aporte de la minería para el crecimiento del país, ya que representa el 60% de las exportaciones, 11% de la inversión privada, 11% de la producción nacional y 8% de los ingresos fiscales.
En ese contexto, manifestó que la minería es una actividad productiva clave para el progreso de Junín, ya que representa el 27% del PBI regional. “La región Junín es uno de los principales productores de zinc, plata, plomo y cobre del país”, afirmó.
Asimismo, dijo que el impacto socioeconómico positivo que genera la industria minera en favor de esta región del centro del país podría mejorar con la puesta en marcha del proyecto Ampliación Toromocho II.
Los buenos precios de los metales y el desarrollo de la minería formal -anotó- han permitido que Junín se beneficie con las transferencias por canon y regalías mineras que alcanzaron un máximo histórico de más de S/ 266 millones en el año 2022 y S/ 177 millones en el primer semestre del 2023.
“La promoción de nuevas inversiones mineras representa una oportunidad para asegurar mayores recursos públicos que, bien ejecutados, permitirían acelerar el cierre de brechas sociales en la región, subrayó Fuentes.
Sin embargo, manifestó que para mejorar su infraestructura y proveer servicios de calidad, Junín debe mejorar su ejecución de la inversión pública. “La región ejecutó el 65% de su presupuesto de inversión entre los años 2019 y 2022. Respecto a las regiones con presupuestos similares, Junín presenta un menor desempeño que Puno (67%) y Loreto (71%), comentó.
Respecto al encadenamiento productivo que promueve la actividad minera en las regiones, mencionó que, según un estudio realizado por el IPE, por cada puesto de trabajo directo que se genera en la minería formal se crean otros 8 puestos de trabajo indirectos.
De otro lado, el representante del IPE dio a conocer que en Junín el sector agrario emplea al 40% de la fuerza laboral, pero solo aporta el 10% de su economía. Ello significa que el agro enfrenta un bajo nivel de productividad laboral, por lo que urge seguir promoviendo el potencial que tiene esta región.
Por su parte, Ada Alegre Chang, gerente general de Ada Alegre Consultores señaló que la gestión ambiental en el sector minero ha venido siendo fortalecida sostenidamente desde inicios de la década de los años noventa cuando se aprobaron las primeras regulaciones para la protección ambiental en las actividades productivas.
La actividad minera -dijo- es de largo plazo, empieza con los estudios de exploración a través de los cuales se busca identificar un yacimiento aprovechable mediante técnicas para la evaluación del subsuelo, las que de generar resultados positivos darán lugar al desarrollo de un proyecto minero que debe ser estudiado, diseñado, construido, operado y cerrado en cumplimiento de normas y estándares de nivel internacional.
El logro de la primera producción minera puede demorar más de una década, añadió la especialista en temas ambientales.
“Todas las etapas de la actividad minera, desde la obtención de la concesión, la exploración inicial y hasta el cierre de una unidad de producción, son reguladas, evaluadas y aprobadas previamente por las autoridades y fiscalizadas por más de una decena de entidades, entre ellas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Sector Ambiente, y en los aspectos de seguridad, por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN). Además, por la ANA, SERFOR, SUCAMEC, SUTRAN, SUNAT, MILCUL, entre otros, explicó.
A su vez, detalló que la elaboración y aprobación de los estudios ambientales que exige el Estado peruano, así como el desarrollo de las operaciones y la fiscalización ambiental, cuentan con mecanismos de participación ciudadana.
El sector minero -indicó- ha demostrado liderazgo en la gestión ambiental peruana no sólo porque tuvo las primeras reglamentaciones ambientales y es fiscalizado desde hace tres décadas, sino porque además impulsa constantemente proyectos y cambios de innovación y mejora de la sostenibilidad de sus operaciones
En el evento también participó el periodista Enrique Chávez, director de Caretas y docente de la Universidad Científica del Sur, quien dictó una ponencia sobre el uso de data y manejo de fuentes periodísticas.
