En el marco del Megaoperativo de Control en Junín, la Contraloría General detectó que la Red de Salud Valle del Mantaro adquirió tres analizadores hematológicos (dispositivos utilizados para analizar los elementos sanguíneos) a un proveedor impedido de participar en procesos de selección del Estado.
Tras la entrega de la buena pro, realizada durante el estado de emergencia sanitaria, el ganador incumplió con la entrega oportuna de los equipos médicos, lo que generó un perjuicio económico a la entidad de S/ 30 mil.
El Informe de Control Específico N°3872 -2022-CG/GRJU-SCE, realizado entre el 18 de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, identificó que el representante del consorcio proveedor de los equipos médicos destinados a los centros de salud de La Libertad, Concepción y Juan Parra del Riego valorizados en S/ 300 000, también fue presidente de la comisión de selección permanente de la red de salud, es decir, servidor público.
Este representante identificado como Henry Gerald López Sosa, era a la vez socio fundador y accionista mayoritario del consorcio ganador, y sostuvo aquel tiempo un vínculo laboral con el Gobierno Regional de Junín, por lo cual dicha empresa estaba impedida de contratar con el Estado.
Un segundo Informe de Control Específico N°3871-2022-CG/GRJU-SCE, emitido el 28 de junio de 2022, señaló que se compraron analizadores hematológicos al mismo consorcio proveedor para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de Chilca y La Libertad de la Red de Salud Valle del Mantaro por un valor de S/ 200 mil, donde una vez más, el accionista del consorcio también fue parte del comité de recepción de bienes de la Red de Salud Valle del Mantaro.
Dicho comité de recepción otorgó conformidad por la recepción de los equipos a destiempo, lo que generó S/ 20 000 como perjuicio económico. En los informes de control específico se identificaron a nueve servidores de la Red de Salud Valle del Mantaro con presunta responsabilidad penal y/o administrativa, por lo que se comunicó oportunamente al Director de la Red Valle del Mantaro para el deslinde de las presuntas responsabilidades administrativas y a la Procuraduría para el inicio de las acciones legales.
