Son un total de 15 trabajadores de la gestión de Perú Libre con presunta responsabilidad penal y administrativa identificadas por la Contraloría General de la República, entre cinco gerentes de Promoción Económica y Turismo, siete fiscalizadores, un auxiliar administrativo, asesora legal y asistente de la Municipalidad Provincial de Huancayo, quienes habrían anulado irregularmente papeletas de infracción a locales comerciales impuestas entre los años 2019 y 2021.
Así dentro del listado se encuentran: Mabel Mendoza García, Danny Lujan Rojas, Hugo Bustamante Toscano, Maria Castro Vila, Erick Prudenci Cuela, Giovanna Rojas Choca, Patricia Alberto Rojas, Nicolás Galván Santa Cruz, Javier De la Cruz Ccanto, Deyna García Durand, Candy Orejón Alejo, Sandra Ayme Pizarro, Adelaida Alvarado Alanya, Raúl Quispe Soto y Samuel Gutierrez Tapia.
De acuerdo al Informe de Auditoría N° 042-2023-2-0411-AC, durante varios operativos realizados entre el 2019 y 2021, los fiscalizadores impusieron papeletas con multas por no contar o exhibir su licencia municipal, carecer de autorización para instalar anuncios publicitarios y cambio de giro, por un total de S/ 107 mil 500 en contra de establecimientos comerciales donde se realizaban actividades económicas diferentes a las otorgadas en sus licencias de funcionamiento y que en muchos casos ocasionaron la clausura temporal y definitiva, y la retención de productos y bienes.
Sin embargo, se verificó que, en varias papeletas impuestas y de manera reiterativa, se consignaron datos que no correspondían en fechas, número de RUC, dirección del local, código de infracción, datos del local y del propietario. Ello generó la anulación de las mismas – incluso a solicitud de los propios fiscalizadores – sin efectuar la subsanación de las papeletas, como indica el Reglamento de Aplicación de Infracciones y Sanciones Administrativas (RAISA) y como se había realizado en anteriores ocasiones, hecho que fue permitido y aprobado por sus superiores jerárquicos.
Se determinó además que la autoridad administrativa declaró la procedencia de los descargos presentados por los propietarios de los locales intervenidos con la consecuente anulación de papeletas, exponiendo razones ajenas a los hechos materia del recurso y dejaron de lado las evidencias que acreditaban el hecho infractor afectando la transparencia y legalidad con el fin de beneficiar a los propietarios de los locales a quienes no se les efectivizó las multas y se les permitió que sus establecimientos comerciales continúen en funcionamiento, incluso algunos que ya tenían orden de clausura.
La Contraloría identificó también que la municipalidad no cuenta con lineamientos para la anulación de papeletas, lo que genera el riesgo de que se proceda distinto en situaciones idénticas, también carece de controles internos para el registro digital de las papeletas y el resguardo de la información en su versión física, lo que genera el riesgo de pérdida, sustracción o eliminación. El informe ha sido derivado a la Procuraduría Pública Anticorrupción para iniciar las acciones penales en contra de los funcionarios y servidores comprendidos y a la municipalidad para el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan.
